Salir con un tejido empresarial más robusto y con unas condiciones laborales más justas tras la crisis del Covid-19 es un reto de grandes dimensiones para la economía española. Es por ello que, el gobierno de España ha diseñado una estrategia para canalizar los fondos que ha recibido por parte de Europa, con el objetivo de reformar, invertir y construir un futuro más sostenible.
La Ley Crea y Crece está enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el ejecutivo español. La principal novedad que introduce es la mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas al simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles.
Impulsar a las pymes favoreciendo el clima de negocios
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto en el que se permitirá la constitución de una sociedad con un euro y de manera rápida y telemática. La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño explicó que se rebajará el capital inicial necesario para registrar una compañía, una cifra que hasta el día de hoy se situaba en los 3.000 euros como mínimo.
Con esta medida, España puede decir que se sitúa a la altura de la gran mayoría de los países de su entorno en los que no se requiere ningún capital mínimo. De esta forma, sin tantas barreras de entrada por parte de la administración, se potencia el emprendimiento.
Una mejora de la demografía empresaria
En otro orden de pretensiones, la Ley ‘Crea y Crece’ pretende penalizar la morosidad comercial. Por ello, en el proyecto se contempla que aquellas empresas que no cumplan con los plazos de pago no podrán aprovecharse de las ventajas de recibir subvenciones públicas o fondos europeos.
Para luchar explícitamente contra la morosidad se va a incentivar a las empresas a expedir y remitir una factura electrónica en todas las relaciones entre empresas y autónomos. Esto garantiza una mayor trazabilidad y control de pagos que se efectúen en ambos casos.
Además, esta modernización en la gestión entre autónomos y empresas supone un paso más hacia la digitalización operativa de las empresas, pudiendo obtener una información fiable, ágil y coordinada.
Cumplir con estos requisitos acordados con Bruselas es indispensable para atraer talento y capital, reducir incentivos a crear empresas en otros países y crear un espacio favorable al emprendimiento.
